La huelga de hambre colectiva de presos palestinos más larga de la historia supera ya los 50 días

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Los prisioneros en condición de detención administrativa iniciaron el pasado 24 de abril una huelga de hambre masiva para pedir el fin de la detención administrativa y denunciar los abusos del servicio carcelario israelí (IPS, por sus siglas en inglés). Esta acontece la huelga de hambre colectiva más larga de la historia palestina, superando la del año 1976 que duró 45 días.

Palestinos durante una manifestación en apoyo a los huelguistas en Nablus (Cisjordania). Foto: Ahmad Al Bazz (Activestiees)

Actualmente hay 5.271 presos y presas palestinas en centros penitenciarios israelíes, de las cuales 196 son menores de 18 años y 192 se encuentran en régimen de detención administrativa (DA), junto con ocho parlamentaríos palestinos. La DA permite encarcelar civiles de forma indefinida sin acusación formal, sin pruebas y sin tener derecho a un juicio justo, según explica Sahar Francis, directora de la asociación Addameer (Asociación de Apoyo a los Presos y los DDHH).

Según esta misma organización, 80 huelguistas de hambre han sido ingresados en nuevo hospitales civiles israelíes como Aykhlouf o Kaplan, debido al deterioro de su estado de salud. Addameer denuncia los abusos físicos que están sufriendo los huelguistas así como las dificultades para recibir visitas de sus abogados y la prohibición reiterada a ser tratados por médicos independientes que no pertenezcan en los centros penitenciarios.

Institucionalización de la tortura

En la actualidad, los más de 125 huelguistas se enfrentan a un anteproyecto de ley, que se está debatiendo en la Knesset, impulsado por Netanyahu y el Ministerio de Salud israelí, que permitirá realizar la alimentación forzada por parte de los médicos a las personas en lucha en caso de que peligren sus vidas. Esta ley atenta directamente contra el carácter político de la protesta y es una forma de tortura reconocida por la comunidad internacional según la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Malta en 1991. La ley ha pasado una primera ronda con veintinueve votos a favor y dieciocho en contra y se presentará para la aprobación definitiva la próxima semana. Según Addameer, el hecho que se apruebe esta ley equivaldrá a la institucionalización de prácticas de tortura hacia las huelguistas de hambre, práctica reiteradamente condenada por los relatores especiales de Naciones Unidas.

La organización Addameer afirma que la propuesta de ley tiene el objetivo de paralizar la huelga de hambre colectiva, puesto que durante los últimos dos años ha sido la única iniciativa capaz de poner sobre la mesa las irregularidades y abusos en el sistema de detenciones israelí y ha forzado a la administración israelí a negociar para conseguir una mejora en las condiciones de los y las presas.

Atados a las camas de los hospitales

La organización palestina ha condenado también a los médicos de cometer negligencia médica intencionada puesto que esposan a las personas de manos y pies a las camas hospitalarias durante doce horas al día, y durante el resto del día los mantienen atados de una sola pierna. Las pacientes tienen que pedir permiso para ir al lavabo y se les prohíbe utilizar el baño durante la noche. El hecho de estar atados les impide andar, a pesar de la recomendación del Ministro de Salud de que hagan un mínimo ejercicio para garantizar la circulación sanguínea. Las duras condiciones en la que se encuentran los presos está contribuyendo a empeorar su estado de salud. Muchos de ellos están sufriendo hemorragias intestinales, desmayos, pérdida significativa de peso y disminución de la frecuencia cardíaca así como disminución de azúcar en la sangre.

La organización acusa también la ausencia que Cruz Roja Internacional está teniendo en las prisiones, hecho especialmente grave según la organización si se tiene en cuenta que son la única organización con potestad de documentar la salud de las personas detenidas así como de hacer de intermediarios con las autoridades israelíes y proveerlos de asesoramiento en los suplementos y vitaminas que se les suministra, además de controlar que no se los inyecte alimento contra su voluntad.

Falta de voluntad política

Esta iniciativa de lucha se inicia después de que Israel haya incumplido los acuerdos a los cuales se comprometió en la última huelga que duró veintiocho días en mayo de 2012. En las negociaciones la IPS se comprometió a limitar el uso de este tipo de detención, regularla y aplicarla sólo en los casos que fuera estrictamente necesario.

El IV Convenio de Ginebra, de aplicación a los Territorios Ocupados que fue ratificado por Israel en 1951, a pesar de que contempla la detención administrativa, especifica de forma clara en el artículo 42 que sólo se puede utilizar en casos de máxima peligrosidad, contra personas que sean una “amenaza” para la seguridad del estado. De hecho, afirma que sólo es válida para prisioneros de guerra, y nunca para colectivos o para civiles.

Sin embargo, las estadísticas de Addameer muestran que a pesar de que después de la negociación el número de DA disminuyó, ha ido oscilando a la alza en los últimos meses, haciéndose patente la falta de voluntad política por parte de las autoridades israelíes de abolir esta práctica condenada de forma reiterada por organizaciones como Amnistía Internacional y Naciones Unidas. Estas aseguran que disponen de pruebas que demuestran como la DA es usada deliberadamente para castigar a las personas por sus presuntas afiliaciones políticas aunque no hayan cometido ningún delito. Según la abogada Sahar Francis, la DA usa la manera más fácil de arrestar a personas sin presentar pruebas en su contra.


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