La Comunidad Palestina de Cataluña y la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel registran un requerimiento ante comercio para que se detenga el tráfico de armas hacia Israel, que es susceptible de ser una violación del derecho internacional.
Font: El Salto
En la mañana del 23 de febrero, la Comunidad Palestina de Cataluña ha dado el primer paso para demandar a España por mantener el comercio de armas con Israel en una situación que el Tribunal Internacional de Justicia examina como un posible caso de genocidio.
Un grupo de una docena de personas pertenecientes a dicha comunidad, y a otras organizaciones de solidaridad, ha presentado en la Delegación del Gobierno de España en Barcelona un requerimiento a la Secretaría de Estado de Comercio. Exigen que revoquen las autorizaciones en comercio exterior que tengan como punto de destino o de origen a Israel.
“Desde la Comunidad Palestina de Cataluña decimos basta, basta de palabras y de declaraciones de buenas intenciones. Hay que pasar a los hechos y si el Gobierno no respeta ni la legalidad internacional ni sus propias leyes, haremos que rindan cuentas por ello. Porque desde Palestina necesitamos ponerle fin al silencio y a la complicidad”, manifiestan en su comunicado de prensa.
Desde el 7 de octubre, el Gobierno ha mantenido el comercio de armas con Israel, a pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo ha negado. El registro del portal de contratación desmiente el supuesto corte de relaciones de las industrias armamentísticas de los dos países, tal y como denunció el Centre Delás el pasado 12 de febrero. En noviembre, España exportó munición por valor de 987.000 euros.
“Empezar esta vía legal es enviar este mensaje claro al gobierno español y al estado de Israel”, ha declarado Natalia Abu-Sharar, de la Comunidad Palestina de Barcelona. Desde la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” se ha pedido en numerosas ocasiones al Gobierno que imponga un embargo militar completo a Israel, pero no se ha producido ese corte efectivo de las relaciones. La muestra es que el 14 de febrero, se producía un encuentro con empresas israelíes de ciberseguridad en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad, en León.
A medida que Israel perpetra la matanza en Gaza, desaparecen las dudas sobre la existencia de un genocidio que atenta contra el derecho internacional, y se abre el abanico de posibles cómplices. En febrero, un Tribunal de los Países Bajos acogió un recurso presentado por organizaciones de derechos humanos y estableció una prohibición al gobierno neerlandés de suministrar piezas para la construcción de cazas F-35 con destino Israel. Lo hizo citando un claro riesgo de violaciones del derecho internacional.
Alys Samson Estapé, de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, concluye que “El gobierno del estado español debe tomar medidas urgentes y concretas para acabar con la complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino. Es demasiado doloroso pensar que se han enviado armas fabricadas en España a Israel y que seguramente se han usado para asesinar a personas palestinas en Gaza. El gobierno debe escuchar a la mayoría de la sociedad civil que le pide que deje de comprar y vender armas a Israel. Es un imperativo moral y legal“.
Desde la Comunidad Palestina se recalca que cientos de organizaciones de Catalunya y de todo el Estado han salido a la calle y llevado a cabo manifestaciones y acciones para exigir al Estado español que cumpla sus responsabilidades y en solidaridad con Gaza. Este domingo, 25 de febrero, se han convocado protestas en un centenar de ciudades con el lema: “Paremos el genocidio. Fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel”.