La legislación militar israelí, compuesta por más de 1.700 órdenes militares aplicadas a los territorios palestinos ocupados (excluyendo a Jerusalén), es utilizado para sancionar y legitimar la puesta en práctica de una prolongada ocupación militar opresiva y violenta.
Las leyes militares israelíes funcionan para desconectar a los soldados individuales, los fiscales militares, los jueces militares y otros de su decisión de desarrollar la ocupación y negar derechos a la población palestina. El jefe militar israelí de Cisjordania intenta escapar de su responsabilidad distanciándose del código legal (órdenes militares) y, también, mostrar su independencia, así como resaltar la noción de imperio de la ley. Estos intentos son inútiles.
La separación de poderes, un principio democrático fundamental, no existe en el sistema legal militar israelí. Al contrario, un jefe militar israelí tiene autoridad legislativa, judicial y ejecutiva sobre el territorio palestino ocupado. Un jefe militar israelí promulga unilateralmente órdenes militares, determina cómo han de aplicarse y las impone por la fuerza del ejército israelí y la autoridad gubernamental. Los palestinos no tienen ninguna participación democrática en la elaboración de las órdenes militares que controlan sus vidas diarias. Las órdenes militares israelíes no son leyes, aunque funcionan como tales y tienen por objeto dar un barniz legal al sistema de discriminación institucionalizado.
Las leyes militares israelíes no pretenden administrar justicia. La legislación militar israelí es una herramienta para legitimar prácticas opresivas y castigar a la población palestina. Actuar de conformidad con leyes militares injustas y discriminatorias, o aplicarlas, no exime a una persona de su responsabilidad ni añade ningún valor a la ley misma.
El sistema judicial militar israelí está diseñado para proteger la “seguridad de Israel”, más específicamente la seguridad de los ciudadanos judíos israelíes por encima de todos los demás. Israel tiene el derecho de mantener el “orden público” y el control de los territorios palestinos ocupados por medio de la criminalización y la represión de todas las formas de resistencia palestina a la ocupación israelí, independientemente de su gravedad o su naturaleza violenta o no-violenta.
Existe un sistema de tribunales militares israelíes para juzgar a los palestinos detenidos por el ejército israelí en Cisjordania, acusados de cometer delitos contra la “seguridad” y otras transgresiones de la ley. La legislación militar y otras leyes de emergencia aplicables en los tribunales militares israelíes incluyen desde una variedad de delitos comunes hasta los códigos penales, así como delitos más relacionados con la ocupación o delitos políticos, como la pertenencia a una organización prohibida o la participación en protestas. La legislación militar israelí niega los derechos básicos y fundamentales a un juicio justo y no respeta las normas básicas del derecho internacional.
El ámbito de aplicación del sistema legal militar israelí es extremadamente amplio, afectando a todos los aspectos de la vida diaria palestina. Todos los palestinos que viven en los territorios ocupados son regidos por la legislación militar de varias maneras.
“Seguridad”
Las autoridades israelíes y las organizaciones pro-israelíes dicen que Israel es un “estado judío democrático” y la narrativa de la “seguridad” se basa en gran medida en la perpetuación de esta idea. La narrativa de la “seguridad” es utilizada para justificar la interrupción, la intrusión y la destrucción de las vidas palestinas, impidiendo así la normalización de las mismas.
El tema de la “seguridad” se superpone con varias políticas israelíes que afectan a las relaciones de Israel con sus países vecinos y la comunidad internacional. La “seguridad” aparece regularmente en las declaraciones políticas de Israel, sean de ámbito doméstico, regional o internacional. Con la “seguridad” como justificación, Israel ha conseguido aprobar varias políticas domésticas que legitiman prácticas que violan los principios y las obligaciones incluidos en los derechos humanos universales.
Israel promueve el concepto de “seguridad” como una noción neutral, pero en realidad los intereses de los ciudadanos judíos israelíes son protegidos sin consideración alguna por las violaciones cometidas en la persecución de ese objetivo. Israel afirma reiteradamente que el entorno en el que está localizado el país es hostil y, por lo tanto, necesita la dominación y la subyugación sistemáticas de los derechos de los palestinos. La legislación militar israelí es utilizada como una herramienta para promover la “seguridad” de los judíos israelíes por encima de los derechos de los palestinos.
Encarcelamiento y control
El sistema israelí de tribunales militares fue creado cuando Israel ocupó Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y la Franja de Gaza en junio de 1967. Este sistema de tribunales militares forma parte del sistema administrativo militar israelí diseñado para gobernar y controlar a los palestinos que viven en los territorios ocupados. Comenzó con la ocupación y se mantendrá mientras Israel mantenga la ocupación de los territorios palestinos.
La principal forma de sometimiento y control de los palestinos que viven en los territorios ocupados han sido, y sigue siendo, las detenciones masivas. Desde el inicio de la ocupación en 1967, el ejército israelí ha detenido a centenares de miles de palestinos, hombres, mujeres y niños, que han sido juzgados por los tribunales militares israelíes.
Aunque la detención, procesamiento y encarcelamiento son componentes de la administración de la justicia en los sistemas legales de todo el mundo, el sistema israelí de tribunales militares no está interesado en la administración de justicia. La ocupación israelí persigue el control y el sistema judicial militar es utilizado para ejercer ese control. El índice de detenciones de palestinos a lo largo de la ocupación es elevado según todos los estándares. Durante los periodos de tensión política en los territorios ocupados palestinos, como ha sido el caso de la primera y segunda intifadas, los índices de detenciones de palestinos fueron los más altos del mundo, computados como porcentajes de la población.
Los índices de detenciones no nos hablan siempre de criminalidad o de castigos por violaciones de la ley. También pueden ser reveladores de cómo es utilizada la ley para controlar a la población. Para comprender esto, es importante analizar las demarcaciones entre actos “legales” e “ilegales”. Allí donde la ley criminaliza muchos actos y conductas, incluyendo aquellos que están protegidos por las normas de derechos humanos, tenemos seguramente leyes injustas. Aunque la legislación militar israelí considera que las detenciones masivas de palestinos son “legales”, esto no es justo, pues la ley misma es discriminatoria y no garantiza un juicio justo. Además, estas leyes están ideadas para restringir los derechos de las personas a la protesta pacífica.
Leyes militares y derechos de los niños/as
El sistema israelí de tribunales militares ha sido objeto de algunas mejoras cosméticas en los tres últimos años, las cuales no han afectado a la naturaleza del sistema mismo, diseñado para controlar y someter a los palestinos, en lugar de perseguir la administración de justicia. Los cambios en cuestión se refieren a procedimientos relacionados con los niños/as, tales como el establecimiento de un tribunal militar para menores, que elevó la mayoría de edad de 16 a 18 años y redujo el periodo de comparecencia ante el juez por primera vez. Estas enmiendas no han dado ningún nuevo derecho a los niños/as detenidos/as o nuevas protecciones que buscaran poner fin realmente a la práctica generalizada y sistemática de la tortura y los malos tratos de los niños/as palestinos/as durante su detención y los interrogatorios.
Los cambios recientes de las leyes militares no han reducido el periodo de encarcelamiento que puede ser impuesto a los niños/as. Tampoco han permitido el pago de fianzas para la excarcelación de los niños durante los procedimientos judiciales. Por defecto, la mayoría de los niños palestinos procesados por los tribunales militares israelíes son mantenidos en prisión preventiva mientras duran los procedimientos judiciales contra ellos/as.
La conclusión que cabe extraer de todo esto es que un sistema legal concebido para controlar y someter no es capaz de administrar justicia, y los cambios realizados en la legislación militar israelí no han alterado su finalidad o naturaleza. Esta sigue teniendo como objetivo reprimir las legítimas aspiraciones del pueblo palestino a la libertad y la autodeterminación. La discriminación legal sistemática y su aplicación es un rasgo esencial de este sistema. Además, un sistema legal que es discriminatorio no toma en consideración los intereses superiores de los niños/as, dado que el primer y último objetivo de Israel es mantener la “seguridad” y el orden público, con sus vastas implicaciones, a saber, las limitaciones sobre la capacidad de las personas para ejercer sus libertades y derechos básicos. En pocas palabras, como escribió san Agustín: “una ley injusta no es en absoluto una ley”. Está en la esencia de la ley confrontar y suprimir las leyes injustas.
Fuente: Israeli Military Law: A Tool to Legitimize Oppression and Injustice, BADIL, invierno 2013-2014
Ayed Abu Eqtaish es director del Programa de Rendición de Cuentas de la sección palestina de Defence for Children International.
Acerca del traductor: Javier Villate mantiene el blog Disenso, con artículos, análisis y traducciones sobre Palestina, Israel y Medio Oriente. Le puedes seguir en Twitter como @bouleusis
Ayed Abu Eqtaish, BADIL / Traducción: Javier Villate en el Blog Disenso